Los pinareños depositan toda su confianza en sus autoridades y estas trabajan cotidianamente por enfrentar las adversidades, pero con una minoría que obstaculice el empeño o sea negligente, será muy difícil alcanzar los mejores objetivos.
Un reciente análisis del Consejo de la Administración Provincial demostró lo mucho que falta por hacer y fue lo que generó la frase “La población quiere que la protejamos…” de Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del órgano de la Administración.
La exposición no significa que se haya hecho poco, lo que aboga es porque se haga más y eso es competencia y responsabilidad de todos los organismos asociados al desarrollo del trabajo por cuenta propia.
Víctor Fidel Hernández, delegado de la Agricultura, puntualizó que aparte de los campesinos y los agropecuarios, el sector que más personas agrupa actualmente es el del cuentapropismo y si no se ejerce gobierno sobre eso, no tendremos la sociedad que necesitamos.
En una arista del problema, los precios, es donde quizás más la población se encuentra insatisfecha. A modo anecdótico se mencionó que en Viñales, después de todas las medidas y la aplicación de topes, fue necesario sancionar a dos que cobraban 25 pesos por un pelado.
Jorge Luis Salas Rosette, vicepresidente de la Economía en el CAP, fue elocuente al señalar que a partir de las cuatro de la tarde las ilegalidades se multiplican y es evidente que los grupos diseñados para esa tarea no funcionan o lo hacen con dificultad.
Los problemas son multifactoriales, pero Ernesto Barreto Castillo, presidente del CAP y de la Asamblea Provincial, puso el dedo en la llaga cuando alertó que más de 6 752 cuentapropistas causaron baja del sistema de licencias y nadie ha revisado cuántos de ellos siguen ejerciendo ahora como ilegales. Quizás esta no es la respuesta completa, pero en ella hay parte de por qué la ONAT no cumple con las contribuciones.
Otra alerta del Presidente fue qué cómo es posible que durante 2018 las DIS en la provincia realizó 12 374 supervisiones, con 3 052 multas y 27 apercibimientos a 3 069 infractores y que durante 2019, con los cambios originados, solo se hayan hecho 1 130 supervisiones, 543 multas y 40 apercibimientos a 583 infractores.
La respuesta de la DIS provincial fue categórica: no ha recibido el apoyo necesario de los municipios y lo peor, con todo lo generado, aún no se ha retirado una licencia a ningún multirreincidente, que son bastantes en los territorios.
Barreto esclareció que la forma de trabajo no estatal no depende solo de multas y sanciones, sino que eso va acompañado de crearle condiciones, escucharlos, atenderlos, sindicalizarlos, capacitarlos y también exigir y controlar, pero para eso tienen que trabajar todas las estructuras de la sociedad y, en especial, los órganos de control.
Rubén fue claro: “Se dice que el ilegal sale a vender pan a la cinco de la mañana, entonces a esa hora tienen que comenzar los inspectores” y seguidamente expuso la insatisfacción sobre el Grupo especializado para la atención al cuentapropismo que es débil en la provincia y casi no funciona en los municipios, pero lo peor es que ese grupo no es más que la suma de organismos responsables y con funciones estatales.
Y aclaró que todos los planteamientos sobre el mal desempeño son notables al analizar las estadísticas, y no puede decirse que el trabajo es enorme y complejo, porque para cada cosa existen los cuadros necesarios, y cada cual tiene que hacer lo que le toca.
Y retomando el asunto de la no existencia del retiro de patentes, la Dirección de Trabajo fue concluyente: ¡porque ninguno de los órganos de control han solicitado casos…!
El CAP ratificó que el control tiene que ser más efectivo y sistemático; tienen que proteger más a la población y garantizar el cumplimiento de los acuerdos en cuanto a precios y topes; mantener la legalidad y el respeto, sin dejar de reconocer al cuentapropistas y ofrecerle garantías, pero sin alejarse de la ilegalidad.
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