El Consejo de la Administración Provincial (CAP), una vez más, volvió al análisis sobre el monitoreo de los intentos de algunos confabulados con los precios que perjudican a la población, a pesar de que se divulga y explica el propósito de las medidas.

En el más reciente intercambio, Miosotis Alonso Prieto, directora provincial de Trabajo y Asistencia Social, expuso las violaciones detectadas por municipios, entre el día primero de agosto y hasta la fecha.

En Minas de Matahambre, en el poblado Río del Medio, dos vendedores de Viñales fueron multados porque expendían pizzas a precios por encima de lo permitido; en Mantua un molinero de arroz igualmente fue multado porque incrementó el precio del servicio y del mismo producto.

En La Palma fue multado un propietario de pizzería que a pesar de estar alertado aumentó el precio.

Por otra parte, Consolación del Sur informó de siete denuncias por violaciones, tres de ellas conllevaron a multas y en cuatro fueron apercibidos los cuentapropistas. En esa localidad la población ha mostrado desacuerdo por el precio aprobado de 10 pesos en los camiones de la ruta Consolación-Pinar, que antes valía solo cinco. Y en Pinar del Río fue prevenido un cuentapropista por violación en las cervezas.

En estos días la Dirección Provincial de Trabajo atendió a cinco titulares, quienes no están de acuerdo con los precios topados por el gobierno local y exponen las razones específicas de sus establecimientos, principalmente por la diferencia de calidad del servicio, aunque se les explicó por qué no pueden existir medidas exclusivistas, cuando el propósito es el mismo: defender las finanzas personales de la población y que nadie pueda lucrar con las finanzas del pueblo y desacreditar una medida estatal bien explicada.

Hay municipios que no habían reportado sus incidencias, aunque en el resto de manera general se aprecia aceptación en la mayoría de los cuentapropistas, que han interpretado el interés gubernamental muy por encima de los intereses de personas o grupo que buscan ganancias personales extraordinarias, incluso de áreas estatales.

En cuanto al transporte la mayor inconformidad se produce entre clientes y propietarios. Hubo 41 atenciones, de ellas se produjeron 19 por vía telefónica y el resto por correos electrónicos, personales o de forma directa, pero el inconveniente es que muchos actúan anónimamente y si no presentan las evidencias lo que hace difícil actuar contra el violador, al menos deberían presentar el número de la chapa del vehículo y lugar donde se produjo el hecho, para lograr la identificación.

Los clientes, por su parte, se preocupan porque quedan en tierra de nadie en los tramos intermedios, porque hasta el momento solo están fijados los topes hasta los destinos, aunque ya el Grupo Empresarial del Transporte está reformulando sus listados para completarlos en la medida de las posibilidades.

Entre lo visto está exigir a camiones y camionetas que expongan públicamente sus listados de precios; pero lo más importante es el estudio del cobro por tramos y la forma en que se harán, que tentativamente podría ser por kilómetros. Igualmente, a los automóviles en la ciudad se les regulará el precio dentro de la lógica común, porque la idea es que todo esté ordenado y nos haya transportistas que se burlen de los clientes.

Hay quejas que de inmediato deben atender los inspectores y organismos de relación sobre las motos taxis (amarillos) de la ciudad, porque han adoptado formas que van en contra del servicio, como la selectividad del cliente por quien aporte más y violaciones en los precios de tramos que están establecidos.

En el intercambio, Rubén Ramos Moreno, vicepresidente del Órgano de la Administración Provincial, recriminó a los territorios que no han informado sobre el monitoreo y se desconoce la aplicación de sus medidas; llamó a extremar la actuación de los grupos municipales de control y puntualizó que sin exigencia es difícil desarrollar cualquier proceso.

También llamó a eliminarle la aspiración a quienes piensan que estas son regulaciones transitorias y que pronto desaparecerán, algo muy lejos de la verdad porque el Gobierno está dispuesto ordenar el país y asegurarle a la población los beneficios que merece.

Se debatió sobre la aparición de la cerveza convoyada tanto en lo estatal cómo privado, por el déficit del producto, pero la diferencia está en que cuando se coloca una porción de pollo en un centro oficial, le aplican el precio que corresponde al pollo, y los particulares le colocan una pequeña porción y ponen un precio que evidentemente duplica la cerveza.

Por la importancia del tema, los precios continuarán bajo control del CAP y los consejos municipales, porque aún faltan muchos renglones por regular y la población los espera, como las carreterillas y mercados de oferta y demanda, la carne de puerco, incluso las pizzas en lo particular, y otras ventas y servicios no alimentarios que son muy criticados por la población, por ser artículos de revendedores.

No obstante, el mayor resultado de todo este proceso, es la contribución de las personas, que deben enfrentar a los violadores, no admitir precios adulterados y cada vez que los conozcan denunciar ante los organismos responsabilizados y el sistema de inspección.

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