(Tomado de Mesa Redonda)

Desde el inicio de la pandemia, Cuba creó un grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19. Durante los últimos meses, el gobierno, junto a científicos y expertos de varios sectores, ha aplicado y modelado más de 500 medidas para enfrentar esta enfermedad.

Como informó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la Mesa Redonda del pasado jueves, la mayoría de los municipios y provincias no ha presentado incidencias en relación al virus SARS-CoV-2 en las últimas semanas, por lo que están en condiciones de retornar gradualmente a la normalidad.

A la vez, no pocos indicadores de salud reflejan que se consolidan los resultados en la aplicación de los protocolos terapéuticos, gracias al trabajo conjunto de la ciencia y la biotecnología cubanas.

Los ministerios y organismos de la administración central del Estado trabajaron en la conformación de un plan de medidas para la primera etapa de la recuperación tras la epidemia de la COVID-19 en el país, concebido en tres fases con el objetivo de que transcurra como un proceso gradual y asimétrico.

Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios

Decisiones en el ámbito financiero, tributario, presupuestario y de precios

Al comparecer en la Mesa Redonda, Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y Precios, expuso detalladamente el conjunto de medidas financieras, tributarias, presupuestarias y de precios a implementarse en el transcurso de las tres fases de la etapa de recuperación pos-COVID-19, “lo que conlleva al rompimiento en la adecuación de un grupo de medidas para transitar a la normalidad en varios sectores”.

Señaló que a fin de hacer frente a la pandemia, Cuba concibió desde un inicio el refuerzo de medidas presupuestarias y fiscales en función de salvar vidas y respaldar la vitalidad y sostenibilidad de centros hospitalarios y de aislamiento.

También se destinaron los recursos materiales necesarios para proteger las empresas y a otros actores de la economía, incluyendo los modelos de gestión no estatal, “muchos con afectaciones en su nivel de actividad y otros con incremento, pero en situación no normal”, aseguró.

En ese sentido, explicó que se adoptarán un grupo de acciones de carácter general que serán aplicadas en este sector, y que a la vez son transversales al resto:

Para evitar afectaciones en el servicio de electricidad a la población, mantener las acciones para el ahorro energético, así como el desplazamiento de actividades productivas de los horarios picos.  Ratificar todas las medidas de ahorro en recursos materiales y financieros y reducción de gastos, teniendo presente las prioridades.

    Las pérdidas económicas que se generen en el sistema empresarial, asociadas a la COVID-19, se cubren con los recursos para pérdidas y contingencias, hasta su límite. Las que superen estos niveles, se presentan al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) para la evaluación de su financiamiento.

La titular del sector explicó que hay un conjunto de disposiciones que se aplican y mantienen en igualdad de condiciones en las tres fases. Entre estas citó:

Se evalúan en el sector empresarial los casos que, excepcionalmente, requieran un aplazamiento en el pago del impuesto sobre utilidades y el rendimiento de la inversión estatal, ante la falta de liquidez provocada por la afectación a los niveles de actividad, sin aplicar intereses moratorios. Se incluye a las empresas mixtas. Se evalúa la procedencia de estas facilidades de pago para otras obligaciones corrientes con el presupuesto del Estado. Se aplica tanto para la inversión extranjera como para las cooperativas.

 Mantener la bonificación en el pago a cuenta del impuesto sobre las utilidades, consistente en la aplicación de un tipo impositivo del 35% (pueden solicitar que se aplique hasta un 25%), a las empresas que tienen afectaciones derivadas de la COVID-19.

 En el sistema empresarial, mantener la aplicación de medidas de contención de los gastos, en correspondencia con los niveles de actividad que ejecuten.

 Los gastos en que incurran las empresas estatales y sociedades mercantiles de capital 100% cubano por tareas vinculadas al enfrentamiento a la COVID-19, asignadas por los gobiernos provinciales y municipales, serán resarcidos por los presupuestos municipales. Para ello, deberán mantener el control y registro diferenciado de los gastos asociados a dichas actividades, los cuales deben ser certificados por la autoridad designada por los gobiernos locales tanto para el sector empresarial como presupuestado.

 Priorizar por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) la atención diferenciada a los contribuyentes adultos mayores, por vía telefónica, teniendo en cuenta el acelerado proceso de envejecimiento demográfico que experimenta el país.

Bolaños Weiss afirmó que estas medidas han tenido un costo significativo para el presupuesto del Estado, por tanto, el país necesita que, manteniendo todas las medidas sanitarias, “se produzca, hayan ingresos y se garantice la sostenibilidad de las actividades”.

 “La pandemia ha dado muestra de que en términos sociales y de salud el país está preparado, porque se le da prioridad a las personas, centro de todas las acciones”, consideró.

Adecuarán acciones presupuestarias, tributarias, de precios y seguros

En cuanto a las medidas presupuestarias, tributarias, de precios y de seguros, Bolaños Weiss refirió que tendrán adecuaciones en el transcurso de las tres fases.

En una primera fase

Tributos:

De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el impuesto sobre los ingresos personales ni con la contribución especial a la seguridad social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo ni la contribución a la seguridad.

Se mantiene el financiamiento por el presupuesto del Estado a las entidades empresariales, de los recursos que requieran para el pago de las garantías salariales a los trabajadores interruptos, ante el impacto del COVID-19, como los trabajadores del turismo y de la cultura.

 Se mantiene el aplazamiento del pago por las personas naturales de las cuotas tributarias mensuales, los impuestos sobre las ventas y los servicios, por la utilización de la fuerza de trabajo, la declaración jurada y otros tributos.

Ratificar la facultad de los consejos de la Administración municipales, para reducir hasta un 50% las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten, en función de las medidas que se adopten de forma gradual. Incluye el reordenamiento de las áreas de concentración.

 Se mantiene el impuesto sobre ventas y sobre los servicios en correspondencia con la actividad que ejercen.

Respecto al tema de los precios, la ministra aseguró que “se ha sido puntual ante la inquietud de la población y el combate a las indisciplinas”.

Recordó que a partir de las medidas del incremento parcial de salarios, en el segundo semestre del pasado año, buscando que dicho aumento en el sector presupuestado no tuviera efectos contraproducentes y que no se perdiera la capacidad de compra en más de 1 millón de trabajadores beneficiados, “había que regular un grupo de precios importantes en entidades de prestación estatal y no estatal”.

Entre las medidas que se implementarán en un primer período están:

Controlar que se cumpla la congelación de precios, según lo establecido en las medidas de incremento salarial. Se establece que los precios mayoristas de nuevas producciones locales se aprueben en los órganos locales, en función de los destinos previstos.

Control y cobro de multas:

 Mantener en las unidades de la PNR las medidas para el cobro inmediato de multas y otras notificaciones aplicadas ante las acciones de enfrentamiento. Restablecer el cobro pasivo de multas por contravenciones, infracciones del tránsito, multas judiciales y del Código Penal.

Seguros:

La atención a los requerimientos de los asegurados se mantiene por vía de correo electrónico; incluyendo la contratación, modificación y renovación de los Contratos de Seguro y proceso de reclamaciones.

Por el momento, no se realizará el cobro de los servicios de electricidad, agua y gas, salvo los que puedan realizarse por vía electrónica y directamente el lector cobrador en el domicilio.

En la segunda fase

Tributos:

De conformidad con lo establecido en la Ley Tributaria, las garantías salariales que reciban los trabajadores no están gravadas con el impuesto sobre los ingresos personales ni con la contribución especial a la seguridad social. Por estas remuneraciones las entidades no pagan el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo ni la contribución a la seguridad.

Estos pagos (asumidos por concepto de garantía) son asumidos por la entidad a la que pertenecen. En el caso de las empresas que su situación financiera no lo permita, su órgano superior de dirección debe presentar una solicitud de estos recursos al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).

Se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes. Se establece una bonificación del 5% para quienes realicen los pagos en los 60 días, a partir de la entrada en vigor de la segunda fase.

   Posibilidad de pagar en un plazo de hasta seis meses.

  La bonificación del 5% se aplica directamente por los contribuyentes, a los montos o importes que paguen en los primeros 60 días.

 Incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales (TPCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras).

  Se inicia un proceso de revisión general de las cuotas tributarias de los trabajadores por cuenta propia (TCP) teniendo en cuenta los niveles de actividad, sin perder de vista la equidad.

 Se ratifica la facultad de los consejos de la Administración municipales de reducir las cuotas tributarias mensuales de las actividades que se afecten, en función de las medidas que se adopten de forma gradual. Incluye el reordenamiento de las áreas de concentración.

Se mantiene el pago del impuesto sobre ventas y los servicios en correspondencia con los ingresos que se generen.

Precios:

 Controlar se cumpla la congelación de precios según lo establecido en las medidas de incremento salarial. Establecer que los precios mayoristas de nuevas producciones locales que se aprueben en los órganos locales, en función de los destinos previstos. En esta etapa, debe estar presentada al Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros (CECM) la Política de Precios, que mira los precios como regulador del desarrollo económico.

Cobro de multas:

Apertura total del servicio de cobro de multas.

 Se restablece el cobro en las oficinas y a través de los gestores.

 Se reactiva el término de duplicar las multas por no pago en el plazo inicial establecido (30 días como regla) y el cobro en apremio.

Seguros:

 Se inicia la atención presencial a los asegurados y nuevos clientes. Actualizar las tarifas y bonificaciones, así como las comisiones de los agentes de seguros.

 Reanudar el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado. Establecer plazos de pagos para la deuda atrasada, en los casos que así lo requieran y siempre dentro del año fiscal. Reactivar el programa de inspección en la actividad comercial.

En la tercera fase

Tributos:

No deben pagarse garantías salariales. No obstante, si existieran excepcionalmente pagos por este concepto, se aplica lo establecido en la primera y segunda fases.

 Estos pagos (asumidos por concepto de garantía) son asumidos por la entidad a la que pertenecen. En el caso de las empresas que su situación financiera no lo permita, su órgano superior de dirección debe presentar una solicitud de estos recursos al MFP.

Se restablecen los pagos aplazados de las obligaciones corrientes de los contribuyentes. Se establece una bonificación del 5% para quienes realicen los pagos en los 60 días, a partir de la entrada en vigor de la segunda fase.

Posibilidad de pagar en un plazo de hasta 6 meses.

 La bonificación del 5% se aplica directamente por los contribuyentes, a los montos o importes que paguen en los primeros 60 días.

 Incluye la liquidación y pago de la Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales (TCP, artistas, creadores, productores individuales agropecuarios, comunicadores sociales, trabajadores de sucursales extranjeras).

 Se aplica el ajuste de las cuotas tributarias de los TCP teniendo en cuenta la disminución de los niveles de actividad:

Reducción de las capacidades en la prestación de los servicios.

 Evitar concentraciones de personas.

Disminución de insumos y materias primas para producir bienes o prestar servicios, en determinadas actividades.

Precios:

Iniciar la implementación de la política de precios que se apruebe.

Cobro de multas:

Apertura total del servicio de cobro de multas.

Se restablece el cobro en las oficinas y a través de los gestores.

 Se reactiva el término de duplicar las multas por no pago en el plazo inicial establecido (30 días como regla) y el cobro en apremio.

Seguros:

Se restablece la atención presencial a los asegurados y nuevos clientes.

 Reanudar el cobro del servicio eléctrico y de gas manufacturado. Establecer plazos de pagos para la deuda atrasada, en los casos que así lo requieran y siempre dentro del año fiscal. Reactivar el programa de inspección en la actividad comercial.

¿Qué acciones llevará a cabo el MFP en las próximas semanas?

De acuerdo a Meisi Bolaños, para garantizar el trabajo en cada una de las fases se tomarán una serie de acciones encaminadas a la vuelta a la normalidad, pero también para mantener aquellas que demostraron efectividad durante los últimos tres meses.

Entre esas medidas, se incluye potenciar de conjunto con los organismos rectores de actividades los trámites de oficio —como las altas y las bajas— en el registro de contribuyentes. Según dijo, esa disposición es una de las que llegó para quedarse, pues busca la menor concurrencia de personas en las oficinas de la ONAT.

Asimismo, la ministra confirmó que se trabaja aceleradamente en el diseño de bonificaciones para potenciar los pagos de las obligaciones tributarias a través de opciones como Telebanca o Transfermóvil. “No falta mucho para ello. Aquel que pague en menos de 60 días no solo recibirá los incentivos tradicionales, sino que además tendrá el beneficio de hacerlo por vías electrónicas”.

Por su parte, las oficinas municipales de la Administración Tributaria adecuarán sus horarios de atención a la población. Siguiendo las disposiciones sanitarias, esa decisión busca garantizar el distanciamiento físico y evitar concentraciones de personas. Meisi Bolaños recalcó que los nuevos horarios serán comunicados en los próximos días a la población.

Respecto al trabajo de las oficinas de cobro de multas, la ministra de Finanzas y Precios explicó que también se adoptarán medidas para atender las inquietudes con distanciamiento. Al mismo tiempo, también se evitarán concentraciones entre quienes acudan a cumplir con el pago sus obligaciones.

En sentido general, se trabaja para potenciar en todas las oficinas de la ONAT y del sistema del Ministerio de Finanzas y Precios, la recepción y respuesta a consultas planteamientos y quejas utilizando las plataformas digitales y las vías telefónicas. Esta es una medida que incluye también la contestación de las inquietudes no solo por parte del ministerio, sino también por los organismos de relación específicos vinculados a cada actividad.

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