Las intervenciones - oportunas, precisas y sabias- se centraron en el deber de los ciudadanos cubanos de defender la Patria, e hicieron énfasis en que se debe especificar que la obligatoriedad de estudios de los niños debe de ser hasta el noveno grado, cuestión en la que la familia tiene que desempeñar un rol fundamental, aparte de la responsabilidad de Educación.
Otros criterios versaron sobre el derecho de los ciudadanos a la asistencia jurídica para ejercer su defensa “desde el inicio del proceso”, y la atención, cuidado y conservación del medio ambiente.
Los educadores demostraron el estudio previo del documento lo que les permitió hacer propuestas de cambios, adiciones, sugerencias y emitir sus criterios, al igual que todo el pueblo cubano, en un proceso de consulta popular que comenzó desde el 13 de agosto y que culmina el 15 de noviembre, y que es demostración de una democracia genuina.
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