El Derecho como fenómeno social complejo responde a una sociedad determinada. Su normativa, regulaciones y resultados jurídicos deben satisfacer necesidades sociales y por ende resolver las situaciones socioeconómicas, políticas y culturales que le dieron origen. En tal sentido, una visión socioeconómica de la normativa jurídica vigente debe responder a niveles de efectividad, eficiencia y seguridad jurídicas adecuadas. La visión integral del fenómeno jurídico conlleva, ante todo, su realización social.

Lo anterior, implica que una normatividad jurídica eficiente garantice el cumplimiento de los procesos sociales y en especial el proceso educativo. Nuestro país reconoce, desde la visión de los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución para el período 2016-2021 la necesidad de:
…“impulsar el desarrollo integral y pleno de los seres humanos, continuar consolidando las conquistas de la Revolución, y promover y reafirmar la adopción de los valores, prácticas y actitudes que deben distinguir a nuestra sociedad”.

Para ello, resulta imprescindible una política socio-jurídica y educativa que garantice:
Aunar los esfuerzos de las instituciones educativas, culturales, organizaciones políticas, de masas y la familia para cultivar en la sociedad el conocimiento de nuestra historia, cultura e identidad.
- Dar continuidad al perfeccionamiento de la educación, la salud, la cultura y el deporte, para lo cual resulta imprescindible reducir o eliminar gastos excesivos en la esfera social.
- Desarrollar una política fiscal que contribuya al incremento sostenido de la eficiencia de la economía y de los ingresos al Presupuesto del Estado, con el propósito de respaldar el gasto público y mantener un adecuado equilibrio financiero.
- Un Sistema Tributario integral como elemento redistribuidor del ingreso, basado en los principios de generalidad y equidad de la carga tributaria.
- Una actuación ética de los jefes, los trabajadores y las entidades, fortaleciendo el sistema de control interno y los métodos participativos en la dirección y en el control, que impliquen a todos los trabajadores.
- Lograr un entorno macroeconómico —fiscal, monetario y financiero— estable y sostenible que permita asignar eficientemente los recursos en función de las prioridades nacionales y del crecimiento económico sostenido.
- Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y diversificado, que asegure la sostenibilidad financiera.
- Actualizar los instrumentos jurídicos a fin de propiciar un mayor ordenamiento de las finanzas públicas en el país.
- Implementar un marco legal y regulatorio para la cooperación económica y científico-técnica que Cuba recibe y ofrece.
- Unido a lo anterior se reconoce que la eficacia jurídica conlleva no solo el reconocimiento de la norma en un cuerpo legal sino y fundamentalmente, un soporte material entendido desde el punto de vista económico. Economía y normatividad jurídica se relacionan en dependencia de los problemas económicos de cada momento histórico. En este sentido el estado cubano desarrolla políticas y estrategias económicas que garantizan el sostenimiento de la educación y que inciden directamente en los indicadores de gestión reconocidos por los órganos de dirección en el ámbito educacional.

Con ello estaremos cumpliendo la máxima martiana de que “educar, nadie lo dude, es una obra de infinito amor”

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