En cada hogar y centro de trabajo en Cuba  se debate sobre el aumento de los salarios en el sector presupuestado. Es sin dudas una bocanada de aire puro, sinónimo de una gran responsabilidad que transita por la eficiencia, el mejoramiento de los servicios y la producción de bienes de consumo.  De nada sirve pagar, si  el ayer de deficiencias, conformismo  y desinterés se repite hoy y mañana.

Pero es otro asunto el que preocupa. Se ha dicho, y así será, que  el estado, no aumentará los precios  y la cuantía de los impuestos pero, ¿Cómo regularán al sector privado, sin un mercado mayorista que le permita adquirir productos a un valor menor?

A estas alturas, los acaparadores y revendedores de siempre,  planifican cómo proseguir el hurto de  mercancías en  establecimientos estatales para venderlas a precios astronómicos,   un acto que daña al trabajador por cuenta propia y resulta nocivo en grado extremo  para el ciudadano.

Las experiencias de los últimos días demuestran que los gobiernos locales pueden crear las condiciones para regular la escalada de precios, a partir de un mayor control de los inventarios y los productos en almacenes estatales, y el trabajo personalizado con los cuentapropistas dedicados a elaborar y vender alimentos.

Otra cuestión será renunciar, al menos en su interpretación actual,  a la mal llamada, “oferta y demanda”, ley del mercado que en la práctica callejera solo  sirve para castigar a la mayoría y justificar la corrupción.

Cierto es que se ha tratado de lograr un orden, pero  sigue desatada la avaricia, la blandenguería y las componendas a costa del bolsillo del ciudadano común.

No se trata de disminuir importancia o limitar a un sector emergente, importante y necesario para la economía del país. El hecho es que se debe pensar con urgencia las vías para  aliviar la carga que especuladores y delincuentes han impuesto al privado, para que este pueda realizar su labor sin trabas y con seguridad.

El problema que afrontamos resulta muy complejo, pero es preciso poner  orden en pos de  eliminar  las anomalías en el control de los recursos y los precios para que el aumento salarial, responda a los objetivos de equidad y justicia social que se plantea el estado cubano para bien de los ciudadanos.

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